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por Roberto Jáuregui Z. |
Partiendo de la base de que la actual crisis mundial demuestra, cada vez más, que los actuales modelos de desarrollo –sean capitalistas o socialistas- se han visto incapaces de resolver los problemas de creciente pobreza y deterioro ambiental, y que esto demanda cambios de fondo en nuestra concepción de la política y del desarrollo económico, me queda claro que ninguno de los actuales aspirantes a la presidencia –al menos hasta donde sus propuestas lo han dejado ver- parece siquiera estar cerca de asumir esa responsabilidad en su verdadera magnitud.
Aún así, en un contexto pragmático-conformista (resignado a asumir las limitadas posibilidades de solución real que nos ofrecen los partidos/candidatos disponibles), “a vuelo de pájaro” y de acuerdo con las expectativas de la ciudadanía en función de los problemas que enfrenta día con día, es posible señalar –sin pretender ser exhaustivo- algunos de los temas que debieran formar parte de la nueva agenda presidencial, como sigue:
1.- Política Social: Sin duda esta debe ser la piedra angular de todas las políticas que
emprenda la nueva administración, cuyo principal reto será resolver los problemas de pobreza, de pobreza extrema y de acceso masivo a una educación de calidad y bajo costo, para dar pie a un verdadero desarrollo más allá de cifras macroeconómicas. El país requiere una profunda reforma –o más bien revolución- del sistema educativo que, si bien en una primera instancia tal vez no sea capaz de desaparecer la “herencia priísta” que representa su organización sindical (SNTE y derivados), si podría, cuando menos, comenzar a desmantelar la actual estructura de poder de ese engendro, democratizando efectivamente la toma de decisiones y su funcionamiento, sin liderazgos “vitalicios” que son, por sí mismos, una afrenta a la vida democrática y a la posibilidad de cambiar –para mejorar- el estado de cosas en materia educativa, tema éste que sin duda trasciende a todos los demás órdenes.
2.- Reforma Política: Aquí lo primero sería replantear la política para dirigirla hacia la participación ciudadana; por otra parte, debe incluir temas como corregir las deficiencias de nuestra absurda legislación electoral (engendrada en el Congreso), e incluyendo temas como la implementación de las candidaturas independientes, la eliminación del fuero, la reelección y la racionalización del número de representantes populares (hasta ahora muy impopulares, y con razón)- pasando por la posible instrumentación del plebiscito y/o el referéndum, la consulta ciudadana y, muy especialmente, la reducción de privilegios y prebendas (sueldos y prestaciones
insultantes) de los servidores públicos, así como racionalizar un IFE –carísimo, pero mal equipado- y dizque “ciudadano”. Todo ello con base en amplias consultas y foros de discusión ciudadanos.
3.- Política Económica: En este tema, además de resolver de una buena vez la aplicación de las reformas en materia laboral, fiscal y energética, el énfasis deberá estar en priorizar la creación de empleos productivos (en el corto plazo, el desarrollo del país depende en gran medida de la ampliación del mercado interno), incentivando efectivamente la inversión nacional y extranjera –con énfasis, entre otras, en la inversión turística, importante redistribuidor de riqueza y desarrollo- así como un efectivo combate a los monopolios y la promoción de la competitividad en todos los órdenes. Juega también un papel muy importante lograr una verdadera y total transparencia en la acción gubernamental, así como una –si se quiere, exagerada- vigilancia ciudadana sobre el desempeño de las empresas públicas, particularmente Pemex y la CFE pero sin dejar fuera a ninguna de ellas, exigiendo resultados y estableciendo consecuencias legales explícitas y mucho más rigurosas para infractores.
4.- Política Interior: Aquí el tema por excelencia es el de la seguridad, con el objetivo principal de “limpiar la casa” (léase políticos en todos los niveles) y mantener el combate a la delincuencia, reduciendo su poder y alcances, pero causando el menor número posible de bajas y, particularmente, de “bajas civiles”. Para ello deberán también unificarse los mandos policíacos, crear grupos de élite basados más en la pro-acción que en la reacción (inteligencia financiera y operativa, incluidas acciones conjuntas con otros países), así como profundas y auténticas reformas para sanear y agilizar el sistema de procuración e impartición de justicia. En paralelo, deberá reforzarse la legislación, vigilancia y sanciones para actos de corrupción por parte de empleados públicos (no me gusta llamarlos “funcionarios”, porque implicaría que funcionan y, como sabemos, en muchísimos casos lamentablemente no es así).
Otra cuestión fundamental será promover la participación ciudadana y nuevas formas de organización en apoyo a una nueva gobernabilidad, en el sentido de crear las condiciones para diseñar e implementar políticas públicas a mediano y largo plazo, a través de la concertación y la planeación incluyente con los partidos y la ciudadanía organizada, de tal forma que tengamos una visión del país para el largo plazo.
Quedan por supuesto muchos asuntos en el tintero, entre ellos los relacionados con la política ambiental pero, por cuestiones de espacio, hasta aquí la dejamos con el deseo de contar con su amable colaboración para cuestionar y enriquecer esta agenda, y dejársela de tarea al próximo presidente, como deberá ser en el futuro.
RJZ