PEMEX Y CFE… ¿Quién paga los platos rotos?

Domingo 08 de Enero de 2012 20:26

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por Roberto Jáuregui Z.

Como antecedente. las actuales  empresas públicas provienen principalmente de la etapa   postrevolucionaria; a partir de entonces y hasta los años 80’s, atraviesan por un período de especialización y proliferación que llegó a excesos tales como que el gobierno llegara a ser propietario de empresas refresqueras e incluso equipos de futbol, empresas cuyo endeudamiento llegó a niveles impagables  que desembocaron en la crisis económica de los años 80’s. Precisamente a finales de los 80’s se inicia la etapa de la “desincorporación”  (a través de la venta) de numerosas empresas propiedad del gobierno, incluyendo áreas tan importantes como bancos, aeropuertos, ferrocarriles y muchas otras que pasaron a manos privadas.

Entre las empresas que permanecieron en manos del gobierno, destacan sin duda la CFE y PEMEX, alrededor de las cuales continúa la discusión acerca del grado de privatización que debe o no aplicar en su operación, a través de la llevada y traída “reforma energética”.

En lo personal, soy partidario de que se abra la participación privada (consensuada y fundamentada) en estas esferas de actividad por considerar que, por una parte, las condiciones de monopolio nunca han sido buenas promotoras de la calidad y la eficiencia en general y, por la otra, porque históricamente el estado se ha mostrado incapaz, en términos de eficiencia, rendimiento económico e incluso social en cuanto a la calidad en la prestación de sus servicios, de administrar empresas que, cómo éstas, tienen enormes implicaciones económicas, y sociales para las familias y el país en conjunto.

Lamentablemente dentro de la “clase política” aún se escuchan voces arcaicas que insisten en “cacarear” una “soberanía” a todas luces utópica ante la implacable globalización   (la soberanía es ahora el poder que tiene cada nación de negociar –imponer y no dejarse imponer- condiciones, dependiendo de su riqueza nacional y su capacidad de gestión, y no de palabrerías huecas), y que se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que el capital privado participe en estas industrias, pero en lo oscurito son “patriotas” capaces de comerciar su ideología al mejor postor cuando se trata de obtener beneficios personales.

Pero independientemente del resultado de esa eventual reforma, el hecho es que los productos y servicios que ofrecen ambas empresas tienen, como todos sabemos, un profundo impacto en la economía de las familias (que somos sus “clientes cautivos”, léase casi todos los mexicanos) y por supuesto también sobre el conjunto de la actividad económica, impacto que se da fundamentalmente a través de los precios con los que ofertan sus productos y servicios.

Entonces, al considerar que los niveles de precios están en gran medida determinados por los niveles de eficiencia con que se desempeñan las empresas, sean públicas o privadas, salta a la vista que en los casos de PEMEX y la CFE, por muchas certificaciones que se les otorguen por el cumplimiento de normas internacionales de calidad, sencillamente no pueden calificarse como eficientes cuando es de todos conocida la recurrencia de fraudes multimillonarios (en muchos casos en dólares), así como las prebendas y privilegios de que gozan sus organizaciones sindicales,  sus “funcionarios” y sus empleados en general. Al final, todo esto necesariamente se traduce en los altísimos precios que pagamos, en los que subyace una enorme carga de injusticia social basada en la ineficiencia, la corrupción y la baja productividad. O ¿Está usted conforme con los precios -en permanente aumento- de la luz y  la gasolina entre otros?

Ya que podemos dar por hecho que nuestros “representantes populares” no piensan hacer nada al respecto, no nos queda mas que ejercer nuestra responsabilidad ciudadana para exigir a los políticos que, a nivel legislativo, se impongan reformas que nos garanticen que dichas empresas se manejan de acuerdo con los mejores estándares de probidad, eficiencia y equilibrio presupuestal, ya que somos todos quienes pagamos los “platos rotos” (a través de subsidios y de altos precios) de este irresponsable manejo de los recursos de la nación. Para colmo, con frecuencia vemos empleados menores encarcelados por fraudes o extorsiones de unos cuantos miles de pesos, mientras quienes cometen enormes fraudes son, sencillamente, “inhabilitados” para ejercer la función pública por unos cuantos años.. ¿y la sanción penal? No existe. Qué conveniente..!

Por otro lado, teniendo a la vista las próximas elecciones presidenciales parece un buen momento para que, quien resulte electo de entre nuestros brillantes –y muy letrados- candidatos, tome la bandera de “acercar el ojo ciudadano” a estas empresas, aumentando sensiblemente la participación, la vigilancia y el poder de gestión de la sociedad organizada (universidades, asociaciones de científicos, técnicos y profesionales) en las decisiones que afecten su desempeño y  desarrollo. O visto desde otro ángulo, yo vería con muy buenos ojos al candidato que postule este propósito dentro de su plataforma electoral, a reserva de conocer la profundidad y alcances que tenga su visión de una reforma energética. Tal vez éste, entre otros, pudiera ser un factor de peso para orientar la decisión de voto de buena parte de la ciudadanía. Pero tal vez esperar una propuesta concreta de parte de un político mexicano es mucho pedir…

RJZ