La “transparencia” controlada

Expresiones de Armando Figaredo

Sin temor a equivocarme, no hay precandidato, candidato, funcionario o gobernante de mediano o alto nivel que no incluya en su menú de discursos la promesa o la aceveración de que lo que van a hacer o lo que están haciendo siempre está o estará cobijado por el sagrado manto de la transparencia.

Incluso se han creado dependencias oficiales tanto a nivel federal como el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) o estatal, como nuestro ITAI de BCS (Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de BCS) y hasta municipal, como la Dirección de Transparencia de relativa reciente creación en Los Cabos.

Y todo lo anterior basado  en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Entre los objetivos de la misma se encuentra el de promover la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de información que generan los sujetos obligados; garantizar la protección de los datos personales en posesión de dichos sujetos; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como manejar la organización, clasificación y manejo de los documentos.

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y a partir de entonces se fueron creando las dependencias arriba citadas.

Hasta aquí todo muy bien, ya que representa un buen intento de recuperar la confianza del ciudadano (si es que alguna vez la tuvo) en sus gobernantes al abrir la ventanilla gubernamental a la más que válida curiosidad pero, sobre todo, al derecho a la información de la ciudadanía.

Es inevitable mencionar que estas dependencias no han podido con la complicada red de la burocracia lo que, de cierta forma, les ayuda a no ser tan escrutadas como deberían.  Y es que, para que los ciudadanos o empresas que estén interesados en obtener alguna información, ésta realmente debe ser de gran importancia porque seguramente fueron afectados de alguna forma y es por eso que, para lograr lo que buscan, tienen que estar dispuestos a penetrar en una jungla o maraña de formatos y trámites que significan tiempo y, por ende, dinero. Así es que muchos se la piensan dos o más veces y los más mejor ya ni lo intentan prefiriendo seguir con la duda o la desconfianza y por supuesto, con la frustración.

Para los persistentes periodistas, investigadores o ciudadanos realmente afectados, es fundamental conocer todo el intrincado camino que deben seguir porque saben que será la única forma de conocer parte de la verdad. Y es que, en el fondo, todos están convencidos que esta llamada “transparencia” o “libre acceso a la información” está controlado ya que existen blindajes infranqueables a prueba del más meticuloso y obstinado de los periodistas, de los investigadores o de los ciudadanos realmente afectados.

¿Y a qué viene todo lo anterior?  Bueno pues a que la desconfianza sigue creciendo a pesar de estos institutos y direcciones de “transparencia” y aún más, ya que incluso no hay transparencia ni siquiera para dar a conocer los sueldos, prestaciones y mecanismos de las propias dependencias que se supone se dedican a eso precisamente: a dar respuestas y despejar dudas sobre cotizaciones presentandas por los proveedores que entraron a ésta o aquella licitación o concurso, al por qué de las “asignaciones directas”, al por qué de las decisiones de Cabildos amañados que en contubernio con profesionistas, empresas o particulares otorgan autorizaciones que van con las bendiciones de un “blindaje” acordado sin importarles que, si se investigara deveras, no resistirían ni el primer embate de preguntas directas sobre el caso que fuere, entre otras situaciones.

Mientras esto pasa con las dependencias de la transparencia, los ciudadanos ¿qué estamos viendo? Funcionarios de nuevo ingreso (o viejo, no importa), que al inicio de la nueva Administración, todos son sonrisas y gentileza, contacto amable con el pueblo y una apertura aparente a la transparencia, a la solución de problemas, a las solicitudes, a las peticiones y propuestas pero, conforme va pasando el tiempo, sus actitudes parecen tornarse en posturas intolerantes cargadas de arrogancia ignorando el contacto con los ciudadanos con el disfraz de la falsa cortesía o amabilidad disimuladas con los típicos: “ el licenciado está en reunión pero terminando le hablamos”, o el “como no, ya estamos viendo su asunto”; no falta el “nosotros le hablamos”; o el “la semana entrante lo vemos”; “mándeme un correo”; “seguro que ya está en trámite”  y  otras frases por el estilo que distinguen a los malos funcionarios de toda la vida.

Lamentablemente pareciera que estamos volviendo a ver los clásicos políticos que siempre están muy “ocupados” en giras o en comisiones oficiales, mientras los asuntos que tienen que ver con irregularidades o ilegalidades del pasado y del presente, se van alargando gracias a esa “transparencia” controlada que más que un elemento importante para recobrar la confianza, se ha convertido en un tufillo de demagogia que está desencantando a los gobernados que empiezan a resignarse a decir “otra vez, más de lo mismo”.

Cuídese

AF